MARCO TEÓRICO

La Corte evidencia de la protección de los derechos de los menores no sería efectiva si el Estado renunciara a sancionar las conductas que afectan de manera grave derechos de categoría prevalente. La función disuasiva de la pena se encamina a que los abusos cometidos contra los niños y adolescentes dejen de cometerse, por lo que renunciar a ella despojaría al Estado de una herramienta crucial en la lucha contra el abuso infantil. Asimismo, atendiendo a los limites mismos del principio de oportunidad, el Estado no está autorizado para omitir, suspender o renunciar a la acción penal cuando el afectado  en estos casos es un menor de edad.

Los niños y niñas constituyen un grupo de población especialmente vulnerable ante las agresiones, provocadas generalmente por adultos. Por ser niños, son más vulnerables, física y psíquicamente ante la violencia. Son víctimas más desprotegidas expuestas a sufrir abusos y actos de violencia de todo tipo, dentro de su casa, de su comunidad, o de su país; violencia que en ocasiones se intenta justificar por motivos culturales, étnicos, religiosos, principios morales o de educación.

Los Estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”

Avances del Gobierno para proteger a los niños: Se esforzó por prevenir el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados no estatales y tomar medidas al respecto. Adopto medidas para elaborar un marco de políticas públicas orientado a la inclusión de los derechos de los niños. El Plan Nacional de Desarrollo y su visión para proteger los grupos vulnerables.

El programa para la protección y la reintegración de los niños separados de los grupos armados no estatales, liderado por el Instituto Colombiano de Bienes Familiar (ICBF)  y apoyado por la ONU. Entre enero del 2009 y agosto del 2011, participando 881 niños. El problema radica en que los niños separados de las llamadas bandas criminales no reciben la misma atención.